Descripción
El año 1980 se promulga en Chile una nueva Constitución (que aún se encuentra vigente), la cual está marcada por una clara orientación del Estado hacia un rol subsidiario, se confería mediante el cuerpo legal, el poder a los particulares de intervenir en ámbitos que antaño estaban reservados preferentemente al Estado. La educación no estuvo exenta de esta intervención, la Constitución consagra en el numeral 11 del artículo 19 la libertad de enseñanza, enfatizando en la capacidad de cualquier particular de establecer y mantener proyectos educativos distintos a los del Estado; se establece así una mercantilización de la educación avalada por la legislación vigente.
En este contexto se gesta, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) Nº18.962, que fue promulgada en marzo de 1990. Este cuerpo legal se convierte en el eje vertebral del sistema educativo chileno, pues estaba destinado a establecer la visión de educación que tendría el país, cuáles eran los niveles educativos, y los contenidos y objetivos a lograr en cada etapa educativa. Sin embargo, esta ley es anacrónica, considerando que comenzó a regir a partir del proceso histórico político conocido como la transición democrática (1990-2003). Así, el sistema educativo estaba regido por una ley inflexible y orientada en los valores del patriotismo, identidad nacional y seguridad del Estado.
En la década comprendida entre 1990 y 2000, el sistema educacional fue sometido a constantes reformas que tendían a mejorar la cobertura y la calidad de la educación, haciendo énfasis en los mecanismos de medición de la calidad de la educación, cuyos resultados fueron empleados para estratificar los establecimientos educacionales y con ello, transferir el sistema social de clases al sistema educacional.
En un sistema de inequidad, calidad cuestionable y donde el acceso a los servicios educativos está determinado por la capacidad económica de la familia; surge el descontento de los estudiantes secundarios que reclaman por un sistema educativo equitativo, gratuito y de calidad. A partir, de los movimientos secundarios del año 2006, se establecen mesas de trabajo multidisciplinarias fruto de las cuales emerge el proyecto de Ley General de Educación (LGE), la cual es promulgada en 2009. Dicha ley reemplaza en los aspectos centrales del sistema educacional a la LOCE, especialmente en lo referido a los principios que sustentan el sistema educacional, establecidos en su artículo 3.
El presente estudio se ha realizado sobre la base de una teoría crítica (Abela, 2008; López, 2002; Romero, 2010; Ruffini, 2017), la cual asume que tanto los sujetos observadores como los objetos observados tienen una construcción social y, por tanto, deben ser interpretados en su contexto histórico social (Frankenberg, 2011). El objetivo de la investigación fue desvelar los principios que subyacen a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza como elementos de continuidad y cambio en el sistema educacional chileno. Las interrogantes que guiaron nuestro trabajo son las siguientes ¿qué principios subyacen a la LOCE?; ¿son los principios que subyacen a la LOCE un elemento de continuidad en el sistema educacional?; ¿son los principios de la LGE un elemento de cambio en la legislación sobre el sistema educacional?.
Para responder a las preguntas de investigación, se plantea un diseño hermenéutico analógico (Beuchot, 2000), el cual plantea un punto intermedio entre la razón como base de la interpretación de textos, y la interpretación emocional y subjetiva, por lo que propicia que las interpretaciones sean válidas (Beuchot, 2015). Diseños similares han sido empleados en investigación en el ámbito educativo (Van Dijk, 2012; Fernández, 2016; Barragán et al., 2019).
Los documentos fueron seleccionados realizando un muestreo por conveniencia, el cual tiene su origen en consideraciones de tipo práctico, según Quintana (2006) se busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que rodean al investigador. De acuerdo con la clasificación de MacDonald y Tipton (1993), estos documentos serían documentos escritos, documentos oficiales de la administración pública.
Los resultados se orientan a establecer que los elementos de continuidad que se vislumbran entre ambas leyes se relacionan principalmente con la visión de la educación como un proceso permanente, la búsqueda de calidad y la libertad de enseñanza, estos últimos aspectos, responden al modelo económico neoliberal impuesto en la década de 1980, ya que los establecimientos son estratificados de acuerdo con la calidad de los servicios que prestan y existe una diversidad de establecimientos educativos por los cuales las familias pueden optar dependiendo de su capacidad económica.
Mientras que los elementos de cambio vislumbrados se relacionan con una mayor flexibilidad, diversidad, integración, sustentabilidad, participación e interculturalidad, elementos que responden a las características de la sociedad actual, en cuanto a la promoción de la participación y la aceptación de la diversidad en todas sus aristas.
Los resultados que presentamos y sus alcances deben considerar las limitaciones de nuestro estudio. Principalmente, porque hemos incluido el análisis comparativo de dos legislaciones base para el sistema educacional en los últimos treinta años, sin embargo a partir de los movimientos sociales de 2006 y la promulgación de la Ley General de Educación en el año 2009, nuevos cuerpos legislativos han surgido, modificando el contenido de la lay 20.370, en función de las características y demandas de la sociedad. Por tanto, se requiere más investigación a fin de establecer cuáles son los elementos de continuidad en nuestro sistema educacional.
Palabras clave: Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, sistema educacional, principios de la educación, libertad de enseñanza, Ley General de Educación.
