Descripción
En la presente ponencia se pretende analizar - desde una perspectiva histórica - la construcción de sentidos que tiene la noción de lo “socioeducativo” en las relaciones entre seguridad, pobreza y educación en Uruguay.
De la indagación en fuentes documentales y secundarias podemos distinguir –al menos- dos grandes momentos significativos. En un primer momento, con el Código de la Niñez y Adolescencia (2004) lo “socioeducativo” aparece como sinónimo del conjunto de medidas privativas y no privativas de libertad por disposición judicial hacia adolescentes en situación de infracción penal. En nuestro país es una noción que se ha ido legitimando en el ámbito de las políticas sociales focalizadas, fuertemente vinculadas en sus inicios para la adolescencia, comenzando a tener mayor presencia con su legitimación en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA, ley 17823), sancionado en el año 2004.
El CNA incorpora el concepto de “Medidas socioeducativas”, como aquellas disposiciones judiciales hacia adolescentes, a partir de una situación considerada de infracción penal por parte de la justicia(art 77 CNA)
Dichas Medidas Socioeducativas, se dividen en “medidas socioeducativas privativas de libertad”, que hace referencia a la “internación del adolescente en establecimientos”, (art 88)
y “Medidas no privativas de libertad” (art 80, 81, 82, 83, 84), las cuáles se definen como “Amonestación, Trabajos en beneficio de la comunidad, Régimen de libertad asistida y vigilada y la integración a programas socioeducativos o programas de orientación y apoyo (que tienen por finalidad incorporar paulatinamente al adolescente al medio familiar o grupo de crianza u otros grupos, así como a los centros de enseñanza y cuando corresponda, a los centros de trabajo.)Estos programas podrán ser ejecutados por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o por otras instituciones públicas o privadas.” (art 81)
Con el CNA se produce una legalización del concepto que fusionaría lo social con la educación, donde “lo social” aparecería con mayor prioridad en tanto es puesto en primer lugar. En este sentido y desde este marco de legalidad, lo "socio" y "educativo” se refiere a disposiciones judiciales penales relacionadas con la privación de libertad o amonestación, así como con acciones desde programas estatales y organizaciones de la sociedad civil en la órbita del INAU para incorporar a la población adolescente a los centros de enseñanza, centros de trabajo y al medio familiar.
En un segundo momento, “lo socioeducativo” trasciende el ámbito de la judicialización y aparece fuertemente vinculado a las acciones estatales en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). En este marco nos preguntamos, ¿Qué sentidos adquiere “lo socioeducativo” en los programas y propuestas que desarrollan estas instituciones?; ¿qué de lo “educativo” comienza a ponerse en juego?. Se trata de acciones sociales focalizadas a poblaciones consideradas en situación de "vulnerabilidad" y/o "riesgo social"; ¿Cuáles son los perfiles que la política pública define para estas poblaciones?; ¿por qué dichas acciones estatales abarca a adolescentes y personas adultas que estén o no bajo una disposición judicial?. En este marco de análisis, nos preguntamos qué aspectos se retoman del programa de Seguridad Ciudadana, creado en 1998 por el Ministerio del Interior, con el propósito de “prevenir la violencia y el delito” (Ministerio del Interior, 1998).
Para aportar a dicho análisis tomaremos como ejemplos los objetivos que se proponen programas del Ministerio de Desarrollo Social Y de la Administración Nacional de Educación Pública, y aspectos que componen la política del Instituto Nacional de Rehabilitación en la última década.
Palabras claves: tecnologías de gobierno; socioeducativo; seguridad; pobreza y educación.
