Descripción
El trabajo se centra en la cuestión del financiamiento educativo en tanto dimensión de análisis de la relación Estado-Sociedad-Educación. Considerando que el financiamiento ha sido, en la educación argentina, uno de los principales conflictos en las relaciones entre los niveles del Estado pero también en la relación del Estado con la sociedad, se busca indagar cómo se financia la educación recuperando como variable la participación estatal. Es decir los recursos que aportan los niveles estatales pero también las posibilidades que tienen de hacerlo a fin de contribuir al Derecho a la Educación.
Si bien históricamente –desde lo normativo jurídico- la potestad educativa primaria ha estado asignada a las provincias, a principios del siglo XX la Nación asumió un fuerte protagonismo con la sanción de la Ley nº 48742/1905 –conocida como Ley Láinez-que autorizaba a la Nación a instalar escuelas primarias en los territorios de las provincias que así lo solicitaran. Asimismo “desde mediados del Siglo XX la relación fiscal entre el Estado Nacional y los Estados provinciales, estuvo marcada por una significativa brecha vertical que se amplío con el transcurso del tiempo” (Claus: 2019:4).
En un contexto federal las provincias reciben recursos desde el Estado Nacional a partir de la Coparticipación Federal de Impuestos pero a la vez organizan e implementan su propio sistema de coparticipación hacia los municipios así como el propio régimen municipal tal como lo establece el artículo 123º de la Constitución Nacional: “Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo y financiero”.
De este modo las relaciones fiscales entre las provincias y los municipios están atravesadas por el sistema de coparticipación provincial en tanto principal fuente de recursos para el funcionamiento de instancias municipales. Éstas reciben un porcentaje de los fondos coparticipables de las provincias, a través de la Ley Nº 10.559 de Coparticipación Municipal, cuya masa disponible a nivel provincial varía por lo cual también las transferencias a las arcas locales.
En este esquema de relaciones entre los diferentes niveles del Estado se sancionó en el año 2005 la Ley de Financiamiento Educativo nº 26.075 que significó un novedoso marco normativo e “introdujo mecanismos de asignación de recursos al sistema educativo de manera progresiva y constante” (Claus, 2019:10). A través de la afectación -respecto de ese año- del incremento de los recursos anuales coparticipables de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se propuso alcanzar al año 2010 el 6% del PIB destinado a educación, ciencia y tecnología.
Alcanzada la meta a partir de ese año, la Ley de Educación Nacional estableció su continuidad destinando el 6% del PBI sólo a educación. En el año 2011 no hubo afectación específica por lo que los recursos integraron la masa de coparticipación de las provincias generando un incremento de los fondos disponibles. En el año 2012, el presupuesto nacional, Ley nº 26728, retornó a las disposiciones de la Ley de Financiamiento Educativo y del artículo 9º de la Ley de Educación Nacional afectando nuevamente una parte de esa masa de recursos coparticipables provinciales por lo que podría inferirse una reducción del monto de recursos disponibles para transferir a los municipios.
A partir del año 2013, el Estado Nacional habilitó a las provincias -en función de sus esquemas de coparticipación- la posibilidad o no de deducir parte de esta afectación provincial a la coparticipación municipal.
En ese marco en la Provincia de Buenos Aires se produjo la creación del denominado Fondo Educativo Municipal (FEM) que por las leyes de Presupuesto Nacional y Provincial se compone de recursos dirigidos a los municipios con destino a educación. Un fondo que se coparticipa a los municipios a través de un régimen especial.
En este sentido la variación de recursos transferidos estaría constituyendo un elemento central para el análisis de la participación de los niveles estatales. Un esquema de pujas y tensiones en torno al financiamiento que se ha centrado en las relaciones entre el nivel nacional y provincial pero que en este nuevo contexto hace necesario interrogar ese tercer nivel estatal: los municipios.
De este modo surge como interrogante ¿Cómo influyó la Ley de Financiamiento Educativo, específicamente la creación del Fondo Educativo Municipal, en la relación fiscal entre la Provincia de Buenos aires y los municipios? Una indagación que podría estar anclada en un desplazamiento de la primacía de los niveles nacional y provincial del Estado a partir de la ampliación del papel de los estados municipales, no sólo para las necesidades “administrativas” del sistema educativo, sino también como un actor político-educativo que se encuentra involucrado en el sostenimiento de la educación escolar a través del aporte de recursos para el financiamiento.
Para ello se hace necesario indagar la variación de la participación de los Municipios a partir de la variación de recursos disponibles para educación en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo -año 2005- y la posterior creación del Fondo Educativo Municipal -año 2013-. Para ello se seleccionaron tres municipios: Tandil, La Matanza y Laprida considerando: la división conurbano e interior y la densidad demográfica –ciudad grande, intermedia y pequeña-.
Palabras claves: Financiamiento Educativo, Federalismo, Municipios, Coparticipación.
