Descripción
Muchos autores han señalado los desafíos que implica promover la terminalidad educativa en el nivel secundario en el marco de la obligatoriedad que establece la ley de educación nacional de 2006. En este sentido, cabe destacar que de acuerdo con las definiciones que interpretan a la educación como derecho humano fundamental -en el marco del derecho internacional de los derechos humanos- se suele asociar la obligatoriedad escolar con el grupo de obligaciones y responsabilidades que asumen los Estados para garantizar a toda la población el goce de dicho derecho. En consecuencia la extensión de la obligatoriedad al nivel secundario genera diversos desafíos, no sólo pedagógicos, institucionales, curriculares y financieros, sino también aquellos relativos al egreso del nivel secundario, a las competencias con las cuales los jóvenes deberían concluir la escolarización obligatoria (como parte del contenido del derecho a la educación) y el ingreso al mercado de trabajo.
En este sentido, el Estado nacional y las jurisdicciones promueven, en mayor o menor medida, distintas políticas públicas para garantizar el acceso y goce del derecho a la educación y del derecho al trabajo. Según Oszlak y O’Donnell (1995) las políticas públicas pueden ser entendidas como el conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado. Se pueden distinguir entonces aquellas políticas y programas tendientes a la flexibilización del formato escolar que caracterizó al nivel secundario desde sus orígenes para favorecer la permanencia en la escuela, respecto de las políticas públicas laborales destinadas a los jóvenes con miras a promover su inserción en el mundo del trabajo. Si bien ambos conjuntos de políticas persiguen fines distintos están vinculados y suponen la aplicación de políticas de discriminación positiva, que instalen desigualdades para compensar las desventajas iniciales (Haretche, 2013).
En el contexto del fin de la sociedad salarial (Godio, 2001), distintos países han comenzado a instaurar diferentes políticas públicas orientadas a solucionar el problema de la inserción laboral de los sectores más vulnerables, entre ellos, los jóvenes. Una de las características del desempleo juvenil está vinculada con el tipo de empleos ofrecidos, en su mayoría precarios e inestables, tanto en el marco de la legalidad, bajo figuras jurídicas como los contratos de pasantías o bien en el marco de la ilegalidad y la no registración en la seguridad social.
Entre los discursos y políticas públicas actuales orientadas a los jóvenes se destaca la promoción del emprendedorismo. El emprendedorismo es una tendencia creciente de las últimas décadas como una alternativa para la subsistencia ante un mercado de trabajo flexibilizado, caracterizada por la posibilidad de convertir una idea en un proyecto, una empresa con fines de lucro que genere innovación y empleos (Kuchevasky y Vinocur, 2011). Existe una presuposición de que jóvenes sin experiencia laboral previa, sin capacidad de autogestión, ni análisis de posibilidades concretas de desarrollo de un negocio puedan llevar adelante emprendimientos productivos sostenidos y exitosos. Una de las consecuencias es la exclusión indirecta de sectores que no cuentan con niveles formativos adecuados ni con el capital cultural necesario, ya que la falta de acceso a trayectorias educativas formales también atenta contra la empleabilidad de los jóvenes.
Bajo este modelo del emprendedorismo como propuesta y apuesta para la inserción laboral se evidencia un fuerte acento en características individuales, en las llamadas competencias emprendedoras que intentan suplantar los puentes institucionales necesarios para la incorporación a empleos formales estables. En este escenario emerge el concepto de jóvenes “ni-ni”, en alusión a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan. Dicha categoría proviene de la estadística social europea que identifica en la lengua inglesa a este grupo con la sigla NEET, un vocablo compuesto por las iniciales que aluden a una situación de not in employment, education or training (Comari, 2015). Al tratarse de un fenómeno social actual de escala mundial, el tratamiento del tema aparece asociado a valoraciones que van desde la preocupación por la existencia de este grupo de jóvenes a la estigmatización vinculada con la marginalidad y la delincuencia. Se los conceptualiza como una población en riesgo, potencialmente proclive a la criminalidad, las adicciones y los embarazos tempranos. Incluso ciertos organismos de cooperación internacional como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han contribuido a la delimitación de “la juventud en riesgo” (Oreja Cerruti y Vior, 2016, p. 27), financiando proyectos en América Latina que orientaron las políticas públicas hacia la educación en competencias laborales, el desarrollo de habilidades socioemocionales requeridas por los empleadores (tales como el trabajo en equipo responsabilidad, compromiso, puntualidad) y la promoción del emprendedorismo para alcanzar el empoderamiento de los jóvenes.
Por lo todo lo dicho, el objetivo principal de esta ponencia radica en analizar el rol del Estado en el diseño de políticas públicas destinadas a garantizar el pasaje de los/as jóvenes de la escuela secundaria hacia inserción en el mercado laboral, con particular interés en los discursos que promueven el emprendedorismo.
