Descripción
La presente contribución dará cuenta de los aspectos sustantivos de la regulación jurídica del derecho a la educación en Paraguay tomando como fuentes sus bases constitucionales y legales. A su vez se contrastarán estas definiciones normativas y el contenido formal del derecho con los indicadores de permanencia y de abandono de la población en el sistema educativo (retraso por ingreso tardío, por eventual abandono y reingreso y por repetición) a efectos de evaluar diferentes manifestaciones del fenómeno denominado fracaso escolar para contrastar sus dimensiones a la luz de las políticas educativas y la promoción del derecho a la educación llevadas a cabo en las ultimas dos décadas.
El análisis del derecho de la educación se realiza tanto desde la perspectiva de las obligaciones a cargo del estado en términos de garantizar el efectivo goce de los individuos de acceso a bienes culturales socialmente significativos cuanto a la organización institucional del sistema educativo entendida como la distribución de funciones entre las distintas instancias de gobierno dependiendo de la específica configuración de la organización estatal.
Se trabajará con dimensiones de análisis e indicadores que faciliten la tarea comparativa con los países de la región.
La Constitución del Paraguay establece que la educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el Municipio y en el Estado.
Las obligaciones que el Estado paraguayo asume son un tanto difusas ya que por un lado sólo se obliga a promover programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos a la vez que asume en otra disposición constitucional la responsabilidad esencial del Estado en la organización del sistema educativo.
Otro aspecto que exterioriza ciertas contradicciones en torno al rol de Estado en materia educativa es el lugar que se le asigna a las confesiones religiosas cuando se sostiene el protagonismo de la iglesia católica en la formación histórica y cultural de la Nación.
En materia del compromiso financiero para el cumplimiento de las metas establecidas se sostiene que le presupuesto educativo no podrá ser inferior al veinte por ciento del presupuesto total de la administración central.
Al momento de desarrollar en la legislación estas disposiciones constitucionales la ley adquiere definiciones más precisas y con mayor cobertura de las obligaciones a cargo del estado para garantizar el efectivo ejercicio del derecho. La ley general de educación sostiene que todo habitante tiene derecho a una educación integral y permanente que, como sistema y proceso, se realizará en el contexto de la cultura de la comunidad y que el Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a todo la población el acceso a la educación y crear las condiciones de una real igualdad de oportunidades.
El financiamiento del sistema educativo queda a cargo del presupuesto general del Estado.
El trabajo presentará consideraciones generales respecto a los niveles de concreción del acceso de los individuos al sistema educativo y el efectivo goce del derecho a la educación .
