Descripción
La configuración del gobierno de las universidades es una construcción histórica que expresa las cambiantes relaciones de poder entre el Estado y las universidades, en el plano externo, y entre los actores universitarios, en el plano interno de las instituciones. La regulación sobre los órganos de gobierno universitario, su composición, funciones, atribuciones y forma de designación de sus integrantes ha respondido, históricamente, a dos regímenes diferentes: el determinado por la Ley, cuando las normas especificaban estos aspectos y reducían de esta forma el margen de definición en los estatutos; y el régimen establecido en el propio estatuto, cuando no se fijó pauta legal alguna. La primera ley universitaria de 1885 –la Ley 1.597 promovida por el aquel entonces senador Nicolás Avellaneda-, planteó una regla para la organización del gobierno en las universidades. Más tarde, la Reforma Universitaria promovió cambios en el gobierno aunque no se vieron plasmados en una nueva ley, pues la fórmula que planteaba la Ley 1.597 era lo suficientemente amplia para introducir modificaciones en los estatutos sin necesidad de cambiarla. Es recién en 1955 con la sanción del Decreto-ley 6.403/55 que se establece el gobierno tripartito con representación de profesores, graduados y estudiantes.
Durante la década de los ´90, en el marco de políticas de reforma el Estado en general y educativas en particular, algunos especialistas y principalmente los organismos internacionales como el Banco Mundial, comenzaron a introducir ciertas concepciones acerca del “buen gobierno” de las universidades basados en diagnósticos que partían de la falta de gobernabilidad del sistema universitario y la débil regulación por parte del Estado en esta materia. Las ideas que se promovían confrontaban con la tradicional forma del gobierno universitario en Argentina, que reposa sobre el rol central de los órganos colegiados de gobierno en la toma de decisiones, donde los rectores o decanos son los que ejecutan sus disposiciones y representan a la universidad, y la representación en dichos órganos de los profesores con mayor número de miembros, los estudiantes y los graduados con menor peso relativo.
Las políticas de la década de los ´90 introdujeron concepciones gerencialistas que privilegiaban el liderazgo de los ejecutivos unipersonales al interior de las instituciones, y una relación entre el Estado, la universidad y la sociedad basada en la rendición de cuentas o la accountability, y en donde se promovía la participación de actores externos como garantía de la pertinencia social que debían garantizar las universidades.
En Argentina, la Ley de Educación Superior 24.521 (LES) sancionada en 1995 incluyó un conjunto de disposiciones con respecto al gobierno del sistema y las instituciones que reflejan, en parte, esas nuevas orientaciones en materia de gobierno y gestión. El espíritu de estas disposiciones no rompe radicalmente con las características tradicionales del gobierno universitario de impronta reformista —altos grados de autonomía y autarquía, gobierno colegiado—, pero introduce algunos cambios en la composición y distribución de funciones entre los órganos de conducción y nuevas formas de regulación.
En un trabajo anterior de Nosiglia y Mulle (2015), se analizaron los cambios en el gobierno de las universidades argentinas a partir de la sanción de la LES, estableciendo los alcances y las características que adoptaron las universidades dentro de los márgenes que les otorgaba la norma y que se plasmaron en los nuevos estatutos universitarios. El estudio se propuso comparar el gobierno de las instituciones universitarias diferenciándolas entre, por un lado, las tradicionales, y por otro, las jóvenes y nuevas, a fin de encontrar relaciones entre las trayectorias histórico-institucionales y la elección de las formas de organización político administrativa.
El presente trabajo se propone actualizar dicho estudio sobre la configuración del gobierno de las universidades nacionales en la actualidad, retomando las dimensiones de análisis utilizadas en el anterior –los órganos de gobierno que prevén los estatutos, funciones conferidas a los mismos y la composición prevista en los órganos colegiados- e incorporando otras –duración de los mandatos de los representantes de los claustros, las reglas en torno a la reelección de los órganos unipersonales y su impacto sobre la permanencia en el cargo de los mismos recortes o decanos-. Asimismo, se amplió la clasificación entre tipos de universidades por la reciente creación de otras universidades nacionales, para evaluar si ello tiene impacto sobre las características que asume el gobierno de las instituciones. Los estatutos analizados comprenden todas las instituciones universitarias nacionales, se exceptuaron las universidades en proceso de normalización y la Universidad de la Defensa Nacional y el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” por su particular relación con los ministerios de los cuales dependen.
Además se incluirá como dimensión contextual de análisis el tamaño de las instituciones en términos cuantitativos, medida a partir de la matrícula de grado y pregrado, con el objeto de observar posibles relaciones entre las dimensiones de la institución y su estructura de gobierno.
Palabras clave: Universidades Nacionales – Gobierno Universitario – Representación – Educación Superior.
