Descripción
Escuela secundaria - Voto joven - Política
Desde el año 2005 el Estado nacional argentino ha promovido una serie de políticas públicas y leyes en consecuencia, que han transformado el discurso jurídico y las políticas públicas sobre la niñez y la adolescencia recuperando la Convención internacional de los Derechos del Niño del año 1989 que fuere incorporada a nuestro texto constitucional en el año 1994 . De esta manera, se reconoce a los niños, las niñas y adolescentes como sujetos de derechos con capacidades progresivas de actuación. Esto se trata de una transformación sobre el viejo paradigma tutelar de la infancia.
Asimismo, se han producido e impulsado políticas educativas, con la sanción de la Ley de Educación Nacional en el año 2006, sobre la escuela secundaria; y se ha declarado su obligatoriedad para todos los sectores de la sociedad. Dentro del abanico de reformas que ha promovido el Estado nacional la llamada “nueva escuela secundaria” se plantea, por un lado, en reconocer la centralidad de las juventudes y sus prácticas; y por el otro, la inclusión de las y los jóvenes, esos que no eran sus destinatarios originarios. En este orden, la relación de las juventudes y la política también fue objeto de cambio en otros planos. En el año 2012, en nuestro país se reconocen los derechos políticos a las y los jóvenes de 16 y 17 años de edad , reforma legislativa que ha sido llamada “Voto joven”.
El voto ha tenido una doble presencia a lo largo de la historia. Por un lado, ha significado una bandera de lucha de las clases oprimidas e invisibilizadas para su reconocimiento; y por el otro, ha sido una herramienta que ha sostenido y permitido el desarrollo de los procesos políticos embarcados en la democracia liberal y representativa desde el siglo XIX, tanto en Europa como en el continente americano. En el rio de la plata, el uso del sufragio fue la fuerza legitimadora del voto de masas para las elites ya constituidas como dirigentes. Los derechos políticos se han transformado a lo largo de la historia y hacen referencia a potestades de participación en la esfera pública más allá de la posibilidad de ser un elector. Es decir, los derechos políticos tienen que ver con la participación en lo público, en las estructuras partidarias y en los procesos eleccionarios, donde se disputa tanto el poder como el acceso a los cargos, a la información, a la comunicación, a la libertad de expresión, a poder manifestarse, asociarse, debatir, deliberar; y hasta resistir. Esto, haciendo un intento por enumerarlos, sin embargo, los derechos políticos no son una categoría precisa, determinada y estática; y votar, no solo reviste un derecho sino una función pública, un deber y un poder político (Joaquín V. González como se citó en Zarini, 1998). La democracia es un terreno de lucha que va edificándose en los distintos procesos históricos con el desarrollo de las prácticas sociales que configuran relaciones de poder y la formación de significados por los sujetos. Como dicen Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, (1986) “la democracia da paso a la experiencia de una sociedad que no puede ser aprehendida ni controlada, en la cual se proclamará soberano al pueblo, pero en la cual su identidad jamás se dará de manera definitiva, sino que permanecerá latente” (como se citó en Giroux, 1998, p. 54).
Las y los jóvenes aparecen, dentro del campo social, configurados como un grupo en formación y desarrollo que requiere la protección integral de la generación adulta y del Estado. Las normas en Argentina sobre la niñez y la adolescencia vienen transformándose en los últimos 25 años. Argentina decidió con las últimas reformas del discurso jurídico dar a la “Adolescencia” estatus legal donde se enrostra a las y los jóvenes desde los 13 años hasta cumplir los 18 años de edad. Esto se trata, por un lado, la visibilización de las juventudes ya no desde la incapacidad sino como agentes en la construcción de su autonomía personal y proyecto de vida; y por el otro, como grupo social etario diferenciado que requiere un campo tanto de posibilidades como de protección. En este contexto, el Estado argentino reconoce en el año 2012, a las y los jóvenes de 16 y 17 años de edad, los derechos políticos; operando así una nueva extensión de estos derechos en el país y una habilitación a estas juventudes a la ciudadanía política que reconfigura al sujeto pedagógico habitante diario y destinatario de la escuela secundaria obligatoria.
El presente artículo presenta parte de las indagaciones realizadas en el marco de la tesis de la Maestría en Educación: Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, dependiente de la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bueno Aires. Esta investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo y se llevó a cabo en una escuela secundaria del Gran Buenos Aires sur que tiene una población de aproximadamente 900 docentes y 2500 estudiantes.
