Descripción
Esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación que venimos desarrollando en los Profesorados de la Escuela Normal Superior de la Universidad Nacional del Sur, denominado “Políticas educativas para el nivel inicial y obligatoriedad escolar”.
Si bien la obligatoriedad involucra a los niños y niñas de cuatro y cinco años, también nos interesa observar lo que sucede tanto con los/as de tres años –cuya universalización está prevista por ley- como con las instituciones para la franja de cuarenta y cinco días a dos años de edad, atento la consideración que prescribe la Ley de Educación Nacional 26206/06 del Nivel Inicial como una unidad pedagógica.
En este sentido, nos encontramos relevando las políticas públicas –de orden nacional, provincial y municipal- que apuntan a garantizar la obligatoriedad de las salas de cuatro y cinco años, así como aquellas que están orientadas hacia los niños y niñas más pequeños. En ese marco, se consideran tanto las estrictamente educativas como aquellas socio-educativas que involucran la participación de distintas áreas de gobierno que tienen por objeto la protección de los derechos de los niños y niñas.
Por tratarse de una investigación situada, el foco está puesto en los servicios que vehiculizan políticas públicas para la primera infancia en la ciudad de Bahía Blanca y su región circundante, donde venimos advirtiendo múltiples y variadas políticas encaradas por los municipios –a veces como sedes locales de políticas nacionales o provinciales- para los sectores más vulnerables y al mismo tiempo otras que se despliegan en el ámbito privado para familias de clase media y alta, como es la emergencia de formatos organizacionales que no se inscriben dentro del sistema educativo formal y tampoco tienen supervisión de otras esferas del Estado.
La legislación nacional, en línea con la Convención Internacional de los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional, se ha incrementado en las últimas décadas y ha dado lugar a la generación de políticas públicas en distintos órdenes del Estado. En general se ha buscado brindar un abordaje integral de la/s infancia/s, que incluye la salud, la alimentación, la protección general, y ciertamente se ha destacado el papel de la educación en las distintas iniciativas.
Sin duda que lo más consolidado con respecto al Nivel Inicial es todo lo relativo al segundo ciclo, es decir al Jardín de Infantes y sus salas de cuatro y cinco años, ambas actualmente obligatorias en la legislación nacional y también de la provincia de Buenos Aires. La sala de tres años, en cambio, si bien apunta a universalizarse, es quizás la que más se ha visto afectada para dar lugar a las salas consideradas obligatorias. Así, en algunos casos se reemplazaron salas de tres por las de cuatro y cinco años, o bien se transformaron en salas multiedad. Esta situación fue impulsada en términos de políticas desde el Estado nacional y también desde la provincia de Buenos Aires, al punto que para el caso de la ciudad de Bahía Blanca, ya prácticamente todos los jardines de infantes estatales cuentan con al menos una de estas salas. Al respecto, en trabajos anteriores hemos realizado algunos cuestionamientos a esta política que se intenta justificar pedagógicamente cuando, a criterio de este equipo de investigación, entendemos que se estaría en presencia de un ajuste presupuestario importante. En este sentido, la política pública debería haber ido acompañada por un programa de construcción o ampliación de salas y jardines para garantizar la obligatoriedad de los niños de cuatro y cinco años, al tiempo que mantener a los niños de tres años, de manera de no afectar la trayectoria por todo el segundo ciclo.
Por otra parte, la situación descripta pone en jaque la declamada unidad pedagógica del Nivel Inicial, dado que en general los jardines de infantes funcionan separados de los maternales, o a lo sumo en algunos se ha agregado una sala de dos años, principalmente en aquellos jardines de infantes que están ubicados en barrios con población en situación de pobreza. En el caso de Bahía Blanca, de los 56 jardines estatales dependientes de la Provincia de Buenos Aires, actualmente solo 9 cuentan con sala de dos años, vale decir el 16%.
Esta cobertura mínima por parte del Estado de las demanda de jardines maternales, ha favorecido un importante crecimiento de la oferta privada con instituciones que cuentan con reconocimiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y otros que están por fuera del sistema educativo y solo resuelven las cuestiones legales con una habilitación municipal.
A esta situación de múltiples propuestas desde el Estado y el sector privado se suman, entonces, las distintas políticas y programas municipales para la primera infancia, algunas inscriptas en la subsecretaría de educación y otras en desarrollo social. Y de esto es lo que intentaremos dar cuenta en este trabajo, por entender que la garantía de obligatoriedad de las salas de cuatro y cinco años está en íntima relación con cómo se resuelve el ingreso al Nivel Inicial desde el primer ciclo, que por ahora parecería ser en instituciones municipales para los sectores pobres y en privadas para clases medias y altas, con lo que estaría operando una privatización adelantada o temprana del nivel y del sistema educativo en su conjunto.
